“nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”
Seneca
La naturaleza del derecho y la justicia siempre estarán entrelazados en la medida de la cultura de cada país, en nuestro caso se ha perdido el criterio de justicia prevaleciendo reglas y normas con la venia de nuestros representantes quienes deberían protegernos de la criminalidad , no obstante se someten y permiten a la delincuencia valerse de los mismos instrumentos para burlarse, dándonos como resultado un incesante incremento de inseguridad ciudadana.
El Dr. Cesar San Martin , un apellido controversial porque guarda relación con nuestro santo limeño Fray Martin de Porras apóstol de la paz y la justicia social, este magistrado en sus últimas presentaciones en lugar de promover un criterio razonable en las decisiones de sus autoridades, más bien da énfasis a la no intimidación, prevaleciendo únicamente el cumplimiento de dispositivos en un sistema que no cumple con el rol intrínseco de velar por la integridad del ciudadano honesto, es decir tenemos leyes hay que cumplirlas si son justas o no en determinado caso, ese no es el problema de ellos, con este criterio no solo se da más armas legales a la criminalidad, también se concientiza a cada ciudadano que solo le queda defenderse por cuenta propia , colocándolo al mismo nivel aberrante de la naturaleza criminal, con una gran desventaja , en el inocente siempre existirá un grado de misericordia que el delincuente no tiene, porque este vive al margen de la ley, inclusive en el ambito penal los beneficios penitenciarios y la situacion de nuestras carceles no ayudan a una justicia equitativa
Asimismo el afectado tratara de rehacer su vida dentro del marco legal , con todas las incomodidades que nuestro sistema le impone restricciones, notificaciones, citaciones, costos jurídicos, un tiempo perdido el cual nuestras leyes jamás le devolverán ni retribuirán económicamente.
Asimismo el afectado tratara de rehacer su vida dentro del marco legal , con todas las incomodidades que nuestro sistema le impone restricciones, notificaciones, citaciones, costos jurídicos, un tiempo perdido el cual nuestras leyes jamás le devolverán ni retribuirán económicamente.
En su afán de justificar sus arbitrariedades el titular de justicia invoca a la responsabilidad de la policía nacional , obviando intencionalmente las limitaciones de nuestras fuerzas policiales, quienes hacen el seguimiento, capturan y ponen a disposición de la ley, un marco legal tan defendido por el Dr. San Martin, para después ponerlos en libertad gracias a sus autoridades a quienes les permite obrar cual maquinas sin criterio ni sentido común de justicia, una actitud que el mismo titular de justicia siempre ha promovido con sus decisiones y estilo de dar justicia una justicia convertida en injusticia bajo leyes ,normas o cualquier precepto , aprovechado por todo el monopolio de corrupción dentro del poder judicial.
Para nuestras autoridades de justicia es indiferente analizar cuanto le cuesta en términos monetarios y morales a un peruano reclamar justicia dentro de los pasadizos de sus instituciones, “todo tramite es gratuito” se dice, pero la realidad es sencillamente indigna para cualquier persona que por desgracia caiga en este laberinto, mucho peor cuando el afectado pertenece a la gran masa carente de recursos económicos, aquí el abuso no tiene límites.
Es un hecho que las leyes están diseñadas para buscar justicia, esa finalidad se pierde cuando tenemos profesionales en cuya formación prevalece el marco teórico, dejando el aspecto humano, moral y ético de impartir justicia, base primordial en un sistema jurídico, evitando convertirnos en sociedad con la disyuntiva de buscar justicia por sus propias manos, como ya se ha visto casos en nuestro país.
El uso de armas de fuego debe tener limitaciones en el perfil a otorgar permisos responsablemente, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad e incrementar el número de víctimas.
Cada año egresan de nuestras universidades miles de profesionales del derecho, con licencia para buscar no siempre justicia sino el afán de lucro o bienestar personal, muchos de ellos con una formación parcializada ideológicamente, aquí la política está inmersa es los convenios del ¿como es, cual es mi beneficio?. Dejando de la lado una vocación que debería amparar al más desprotegido.
Ante la creciente inseguridad ciudadana, es recomendable una transformación de nuestro sistema jurídico teniendo en su dirección a un profesional no solamente amparado en títulos o apoteósicos cargos sino cuya naturaleza, preparación y experiencia le den un adecuado razonamiento a la hora de impartir justicia, así como en la elección de sus autoridades.
Todo gobierno en democracia respeta la autonomía de su poder judicial, pero no significa una carta poder en blanco, permitiendo el abuso y la indiferencia en la protección al ciudadano quien mantiene económicamente a todas estas instituciones, teniendo el justo derecho a ser protegido y amparado por el gobierno al cual eligió.
Es momento de poner énfasis en el control de la criminalidad, antes de seguirle el ejemplo a México constituyéndonos en un país paralizado por la inseguridad.
Debemos encarar este problema precisando una policía nacional con las armas legales adecuadas en una institución que no los convierta en puntos de investigación sujetos a sanciones a la hora de combatir el mal, representantes del gobierno que se preocupen por el desarrollo social, la protección de la familia, la salud física y mental a través de todas las instituciones, con un marco legal instituido con profesionales que ejerzan el derecho buscando el equilibrio entre la ley y la justicia.
Sofía
