APOYO A NUESTRAS FUERZAS ARMADAS

CUARENTENA PARA TODOS O NADIE;
SOMOS UNA SOCIEDAD DE IRRESPONSABLES QUERIENDO SACARLE LA VUELTA A LAS DISPOSICIONES, NECESITAMOS MANO DURA, TENEMOS 11,000 DETENIDOS POR INFRINGIR LA LEY, ESTE CHICO COMENZO CON SU MALCRIADEZ EVADIENDO LA LEY.

NO VALIA SACAR AL CAPITAN, UNA SANCION QUIZAS, PERO AL QUITARLE EL RESPALDO, A LOS DEMAS EFECTIVOS POLICIALES Y FUERZAS DEL ORDEN LES QUEDARA MUY POCAS GANAS DE PROTEGERNOS, MEJOR TRATARAN DE EVADIR , SE HARAN LA VISTA GORDA, SERAN MAS FLEXIBLES, ¿TOTAL PARA QUE? ¿PARA RECIBIR CRITICAS Y EXPONER SU CARRERA?
,
ENTONCES DE UNA VEZ ELIMINEN EL TOQUE DE QUEDA, QUITEN LA CUARENTENA, ¿PARA QUE SIRVE? O LO CUMPLEN TODOS O NADIE
SI SOLO UNOS CUANTOS LA ACATARAN Y EL RESTO NOS PONDRA EN PELIGRO , MEJOR SEAMOS COMO LOS SALVAJES ATACANDONOS UNOS A OTROS PARA VER QUIEN SOBREVIVE.
EL RESPETO Y LA TOLERANCIA SON DERECHOS QUE SE GANAN CUANDO CUMPLIMOS NUESTROS DEBERES COMO CIUDADANOS RESPONSABLES
MI APOYO AL CAPITAN Y A TODO LOS EFECTIVOS QUE ARRIESGAN SU VIDA EN LAS CALLES MIENTRAS NOSOTROS ESTAMOS A SALVO EN NUESTRAS CASAS.
Y ESPERO UN SOLUCION JUSTA Y RAZONABLE .
PORQUE AL QUITARLE EL RESPALDO SU PROPIA INSTITUCION , NOS DEMUESTRAN LA FRAGILIDAD DE NUESTRAS FUERZAS DEL ORDEN PARA CUMPLIR CON SU MISION DE LUCHAR CONTRA LA INSEGURIDAD.

INSEGURIDAD, INDIFERENCIA, NEGLIGENCIA VIAL

Sofía Flores

Tolerancia cero en las carreteras dio como resultado disminuir los crecientes accidentes en las rutas del transporte interprovincial, pero existe un problema aun mayor el cual ha pasado a formar uno de los peores problemas en las vías y al parecer nuestras autoridades aún se muestran incapaces de controlar, inseguridad, indiferencia , negligencia.

Conductores con mal historial , empresas de transporte haciéndose la vista gorda indiferentes al elemento humano que ponen en los servicios de sus unidades carentes de un descanso prudencial necesario , services quienes por su ambición o incapacidad empresarial  se enfrentan en licitaciones cuya competencia tiene la finalidad de ofrecer el servicio más barato en base a la explotación del ser humano y por ende un pésimo desempeño en las rutas creando inseguridad entre los peruanos que transitan a diario, ante la mirada indiferente de las grandes empresas.

Poco a poco los accidentes por error humano se acrecientan ante la paciente miranda de nuestras autoridades, municipalidad de Lima, ministerio de transporte, ministerio de trabajo, defensoría del pueblo, mientras nuestras pistas se llenan de sangre inocente.

Un accidente provocado por un tráiler cobro la vida de dos peruanos jóvenes, desperfecto mecánico es la palabra mágica para la justificación y deslinde de responsabilidades,  la verdadera causa se esconde y se sigue cubriendo con más indiferencia.

La negligencia acompañada de corrupción permitió también el contrabando de artículos pirotécnicos dentro de un transporte de juguetes provocando un verdadero siniestro que pudo cobrar más vidas en las vías.

El sentido empresarial en muchos comerciantes deshonestos solo tiene un precio, ir depositando en sus bolsillos el peculado de utilidades generadas atentando contra la vida e integridad de la población, para estos malos negociantes poco les importa si sus ganancias están teñidas de sangre, o ser el medio latente  causantes de una desgracia.

Cuando en un país la burocracia es indolente y negociable, todo lo demás es permitido hasta convertirse en costumbre cotidiana.

Estamos a merced de inseguridad ciudadana, choferes  imprudentes irresponsables, así como  conductores  carentes de sueño exigiéndose más de lo que la naturaleza humana permite, empresarios indolentes mezquinos e indiferentes, autoridades incapaces de emprender estrategias de solución.

Solo nos queda en especial a los creyentes, rogar cada día  regresar sano y salvo a nuestros hogares.

SEGURIDAD CIUDADANA

PREVENCION, CONTROL, EJECUCION

Por Sofía  Flores

Poner más policías en las calles, cámaras de seguridad, alarmas,  son algunas de las alternativas requeridas por la población, las cuales no sirven para que la inseguridad ciudadana ni la criminalidad disminuyan, mucho peor cuando vemos al ciudadana responsable estar al mismo nivel  con el criminal, con derechos, beneficios y privilegios que según nuestros defensores de DDHH  deben ser igual para todos no importa la justicia simplemente defienden enunciados al pie de la letra.

Considerando este panorama  es lógico percibir el aumento delincuencial ,  así como son vanos los intentos de realizar buenas estrategias policiales , someterlos a nuestro sistema jurídico, o encerrarlos en centros  penitenciarios y después salir  no rehabilitados sino con mayor experiencia para  seguir con sus fechorías.

Es decir  toda una infraestructura en nuestro país para  cada día incrementar los atentados contra la seguridad ciudadana, incluyendo en ella  un moralismo cínico  porque detrás de los escenarios pedimos  mano dura, mayor presión policial, pero cuando estamos al frente  aprovechamos cualquier detalle para criticar y hasta denunciar a  nuestros defensores.    

Seguridad ciudadana tarea de todos, pero teniendo a un presidente  con energía y liderazgo para exigir un mejor trabajo en  este sector,  de nada sirven buena s intensiones  o disfrazarnos  de un moralismo fuera de la realidad.

Para  lograr controlar este flagelo necesitamos un plan de acción que conlleve a todos los peruanos a ser conscientes de este problema  pero con una visión más realista  y  justa.

Aquí están implicados policía nacional, poder judicial, sistema penitenciario y sociedad , al amparo de un gobierno decidido a combatir este mal  pero creando un ambiente de seguridad en sus autoridades, una policía nacional  donde sus canales sean menos  burocráticos  e incentiven el buen desempeño policial, con sistemas  más modernos  a disposición de ellos.

Un sistema jurídico más  justo con el ciudadano responsable, no es posible tener autoridades con criterios tan estrechos  o mentes farisaicas  incapaces de  proporcionar  bases  seguras  para defendernos de la criminalidad , dándoles el mismo tratamiento,  algo incongruente porque formamos a nuestros  niños que toda mala acción trae consecuencias y sanciones , pero después ven la cruda realidad de un sistema  que otorga los mismos privilegios al vivir al margen de la ley.

 Asimismo tal es el grado de corrupción en sus niveles  que la libertad no la da el peso de la justicia sino  el dinero, las influencias o el poder  político, aquí también vemos la falta de criterio  en las sentencias   las cuales evitan  rescatar a quienes podrían ser rehabilitados con  trabajos  hacia la comunidad.

Un  sistema penitenciario que no solo contemple  infraestructura sino programas de  rehabilitación con buenos resultados, los programas no se miden por la cantidad o hacia quienes llegan, sino los objetivos y las metas alcanzadas,  de lo contrario solo son entes de reclusión, hacinamiento, o en el peor de los casos como viene sucediendo, son productores de mayor criminalidad.

Ante todo ello es el estado, nuestro presidente  y nuestro congreso  hacer realidad el  buen funcionamiento de estos sistemas,  vigilando que  los recursos pertinentes   sean aprovechados en los puntos más estratégicos y  no solo vayan rellenar los bolsillos burocráticos.

La seguridad  ciudadana contempla  muchos factores a largo plazo, como  por ejemplo  una estricta planificación familiar  y la defensa por la niñez  así como la estabilidad familiar, estos detalles  corresponderían a un trabajo imparcial del MINDES.

Es el estado quien deber ser el gestor principal , la lucha contra  la delincuencia  no conlleva a simplemente promocionar  una que otra captura, la seguridad ciudadana no está en función de cuantos van a la cárcel ,  la seguridad ciudadana  debe tener bases de prevención, control  y  ejecución  de medidas realistas para proteger al ciudadano honesto.

 

 

 

UNA LUCHA REALISTA CONTRA LA CRIMINALIDAD

Sofía Flores

Durante la última campaña electoral podíamos percibir a viva voz “mano dura contra la delincuencia” “pena de muerte para los violadores de niños”, inclusive era un eco compartido por muchos políticos , mas hoy  este clamor se ahogó con la complacencia del respeto a la vida,  a los derechos incluyendo el de los criminales, bajo esta toma de conciencia más fácil ha sido pasar el problema a la policía nacional , criticada e investigada hasta el mínimo detalle en su accionar bajo una legislación que lejos de ayudarla los pone al mismo nivel de un criminal, con la eterna consigna del respeto a los derechos humanos.

Ante la criminalidad solo se escuchan voces de más resguardo policial, más patrullaje, policías motorizadas o mejorar el trabajo del serenazgo, es decir solo atinamos a sacudir la delincuencia mas no tomarla con seriedad a nivel de todas las instancias implicadas , las cuales son el pilar primordial para una buena prevención , protección y control.

Hasta el momento, como siempre ha sido cuando no se toma el problema con responsabilidad, todas las fallas o errores de la inseguridad ciudadana se han descargado en el ministerio de interior, quienes también han mostrado debilidad para exigir al estado mayores recursos, una mejor legislación en donde protegerse así como un sistema penitenciario que no sea el proveedor de planes delincuenciales.

El problema de la inseguridad ciudadana debe verse con frialdad e inteligencia, haciéndonos recapacitar entre los deberes y derechos del ciudadano, diferenciándolos de aquellos que están al margen de la ley.

Los principios nos marcan un orden para vivir de acuerdo a reglas, nos enseñan y enseñamos que toda falta tiene un castigo para así reconocerlas, enmendarlas y corregirlas, sin embargo en la realidad se pierde esa concepción cuando por razones legales  tanto el ciudadano justo como el criminal tienen los mismos derechos, nos es raro entonces ver pasar por nuestras narices a delincuentes libres sin haber hecho reparación alguna, mucho menos rehabilitados ni corregidos.

Para que nuestro sistema de protección al ciudadano funciones se necesita la participación de todos, a fin de apoyar las medidas drásticas necesarias para controlar este flagelo, aquí  es fundamental el rol de los medios de comunicación así como  la población en general, para no poner vallas u obstáculos moralistas, centrándonos en la razón y la justicia.

Es así como podremos dar a nuestras autoridades un pleno respaldo para implementar leyes más severas, con un poder judicial que contemple criterios más justos en el tratamiento al criminal, con asociaciones de DDHH que no hostiguen a nuestro sistema jurídico, una mejor administración en la policía nacional controlando los focos de corrupción con incentivos y procedimientos justos entre sus miembros, asimismo el estado debe  aminorar los plazos en la otorgación de  recursos pertinentes, así como nombrar profesionales idóneos en la implementación de planes y estrategias de lucha contra la criminalidad.

La seguridad ciudadana es tarea de todos, esto se lograra cuando  podamos visualizar este problema en forma colectiva dejando nuestra cultura individualista plagada de egoísmo y mezquindad, debemos contemplarla con sensatez a través de la prevención ; a lo largo de nuestra vida podemos ver la formación de esta lacra desde los inofensivos niños que pululan nuestras calles en abandono, después pirañas, más tarde maleantes y delincuentes de alto vuelo, la prevención debe contemplar exigir a nuestras autoridades locales programas de servicio  social así como estrictos planes de planificación familiar. La protección a la familia es trabajo del MINDES cuya función debe ser realista y funcional.

La prevención debe ir más allá de seguir poniéndonos rejas, muelles o resguardando calle por calle, debemos ver el problema desde su raíz, el mal siempre existirá, nuestro trabajo es minorizar sus efectos  en nuestras vidas, cortando riesgos e inculcando en nuestros jóvenes la autodisciplina a fin de no ser presa fácil de la delincuencia.

Exijamos a nuestro gobierno enfrentar este flagelo con severidad y realismo a través de todas sus instancias, necesitamos resultados no más justificaciones o excusas,  no esperemos estar entre las ciudades más inseguras del mundo, con cúpulas sangrientas difíciles de combatir. El ciudadano cumplidor de la ley  debe tener el derecho primordial a ser protegido por sus autoridades, así como también respetar su derecho a defender su integridad y la vida de sus seres queridos.

 

 

SEGURIDAD Y JUSTICIA

“nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”

Seneca

La naturaleza del derecho y la justicia siempre estarán entrelazados en la medida de la cultura de cada país,  en nuestro caso  se ha perdido el criterio de justicia prevaleciendo reglas y normas con la venia de nuestros representantes  quienes deberían protegernos de la criminalidad , no obstante se someten y permiten a la delincuencia valerse de los mismos instrumentos para burlarse, dándonos como resultado un incesante incremento de inseguridad ciudadana.

El Dr. Cesar  San Martin , un apellido controversial porque guarda relación con nuestro santo limeño Fray Martin de Porras apóstol de la paz y la justicia social, este magistrado en sus últimas presentaciones  en lugar de promover  un criterio razonable en las decisiones de sus autoridades, más bien da énfasis a la no intimidación, prevaleciendo  únicamente el cumplimiento de dispositivos en un sistema que no cumple con el rol intrínseco de velar por la integridad del ciudadano honesto, es decir tenemos leyes hay que cumplirlas si son justas o no  en determinado caso, ese no es el problema de ellos, con este criterio no solo  se da más  armas legales a la criminalidad,  también se concientiza a  cada ciudadano que solo le queda defenderse por cuenta propia ,  colocándolo al mismo nivel aberrante de la naturaleza criminal, con una gran desventaja , en el inocente  siempre existirá un grado de misericordia que el delincuente  no tiene, porque este vive al margen de la ley, inclusive en el ambito penal los beneficios penitenciarios  y la situacion de nuestras carceles  no ayudan a una justicia equitativa

Asimismo el afectado tratara de rehacer su vida dentro del marco legal , con todas las incomodidades que nuestro sistema le impone restricciones, notificaciones, citaciones, costos jurídicos, un tiempo perdido el cual nuestras leyes jamás le devolverán ni retribuirán económicamente.

En su afán de justificar sus arbitrariedades el titular de justicia  invoca a la responsabilidad de la policía nacional , obviando intencionalmente  las limitaciones de nuestras fuerzas policiales, quienes hacen el seguimiento, capturan y ponen a disposición de la ley, un marco legal tan defendido por el Dr. San Martin, para después ponerlos en libertad gracias a sus autoridades a quienes les permite obrar cual maquinas sin criterio ni sentido común de justicia, una actitud que el mismo titular de justicia siempre ha promovido con sus decisiones y estilo de dar justicia una justicia convertida en injusticia bajo leyes ,normas o cualquier precepto , aprovechado por  todo el monopolio de corrupción dentro del poder judicial.

Para nuestras autoridades de justicia es indiferente analizar cuanto le cuesta  en términos monetarios y morales a un peruano reclamar justicia dentro de los pasadizos de sus instituciones,  “todo tramite es gratuito” se dice, pero la realidad  es sencillamente indigna para cualquier persona que por desgracia caiga en este laberinto,  mucho peor cuando el afectado pertenece a la gran masa carente de recursos económicos, aquí el abuso no tiene límites.

Es un hecho que las leyes están diseñadas para buscar  justicia, esa finalidad se pierde cuando tenemos profesionales  en cuya formación prevalece el marco teórico, dejando el aspecto humano, moral y ético de impartir justicia, base primordial en un sistema jurídico, evitando convertirnos en sociedad con la disyuntiva de buscar justicia por sus propias manos, como ya se ha visto casos en nuestro país.

El uso de armas de fuego  debe tener limitaciones en el perfil a otorgar permisos responsablemente, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad  e incrementar el número de víctimas.

Cada año egresan de nuestras universidades miles de profesionales del derecho, con licencia para buscar no siempre justicia sino el afán de lucro o bienestar personal, muchos de ellos con una formación parcializada ideológicamente, aquí la política está inmersa es los convenios del  ¿como es, cual es mi beneficio?. Dejando de la lado una vocación que debería amparar al más desprotegido.

Ante la creciente  inseguridad ciudadana, es  recomendable  una transformación de nuestro sistema jurídico teniendo en su dirección a un profesional no solamente  amparado en títulos o apoteósicos cargos sino  cuya naturaleza, preparación y experiencia le den un adecuado razonamiento a la hora de impartir justicia, así como en la elección de sus autoridades.

Todo gobierno en democracia respeta la autonomía de su poder judicial, pero no significa una carta poder en blanco, permitiendo el abuso y la indiferencia en la protección al ciudadano quien mantiene económicamente a todas estas instituciones, teniendo el justo derecho a ser protegido y amparado por el gobierno al cual eligió.

Es momento de poner énfasis en el control de la criminalidad, antes de seguirle el ejemplo a México constituyéndonos en un país paralizado por la inseguridad.

Debemos encarar este problema  precisando una policía nacional con las armas legales adecuadas  en una institución que no los convierta en puntos de investigación sujetos a sanciones a la hora de combatir el mal, representantes del gobierno que se preocupen por el desarrollo social, la protección de la familia, la salud física y mental a través de todas las instituciones, con un marco legal instituido con profesionales que ejerzan el derecho buscando el equilibrio entre la ley y la justicia.

Sofía